Autora:
Jenyel Contreras Guzmán

Foto: Miriet Ábrego, tomada de El Semanario.

Al tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba que la afectación por Covid-19 ascendía al nivel de pandemia con brotes epidémicos de afectación mundial, y se implementaba el consecuente cese de las movilidades humanas internacionales a partir del cierre de fronteras, se volvía cada vez más evidente su irrupción como hecho social total[1].

En materia migratoria, los discursos higienistas de cierres de fronteras[2], y la fronterización a través de la filtración y tratamiento diferenciado de los flujos transfronterizos, son de larga data, y materializan el enfoque securitario, cuyo logro principal ha sido el reforzar las fronteras ante las amenazas –humanas– externas. Responden a una visión acrítica y ahistórica que ignora los procesos de estructuración y de desigualdad social que obligan a las personas a trasladarse a nivel transfronterizo y transcontinental en busca de mejores condiciones de vida.

En tanto las personas migrantes son expulsadas de los distintos territorios, debido a su condición de irregularidad migratoria, y principalmente en función de discursos abiertamente xenofóbicos que les asociación con “cuerpos enfermos”, queda de nuevo en evidencia el importante rol que desempeñan en las sociedades y economías[3] de destino, así como los altos niveles de desprotección a los que se enfrentan.

En materia agrícola, el Gobierno Federal de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional desde el pasado mes de abril ha extendido “cartas de trabajo esencial” a personas migrantes irregulares, principalmente mexicanas, que laboran en campos de fresa, limón, aguacate, mandarina, alcachofas, brócoli, bayas y manzana, en lugares como California, Florida y Michigan, ya que la actividad agrícola fue considerada como “critica para la cadena de suministros de alimentos”. Es un secreto a voces que la gran mayoría de las personas que cosechan los alimentos de Estados Unidos son inmigrantes irregulares[4], muchas de ellas con varias décadas de arraigo en el país. No obstante, este “llamado a trabajar” no ha significado una detención de las deportaciones selectivas, por el contrario, America first se constituyó en el nuevo lema que ha permitido a la administración Trump expulsar a casi 10.000 personas migrantes en menos de un mes, y firmar un decreto para sancionar a los países que “no recojan a sus deportados”, en una nueva cruzada de odio antimigrante y racial.

De forma similar ocurre en el contexto europeo, en donde los derechos laborales y las condiciones de vida las personas migrantes han sido invisibilizadas durante décadas. “En una investigación conjunta con Lithghouse Reports, Der Spiegel y Mediapart, Euronews entrevistó a docenas de trabajadores agrícolas en todo el continente. Se quejaron de las horas no pagadas, trabajando bajo una tremenda presión, con muy poca agua o protección, algunos se desmayan o vomitan por el agotamiento. Mostraron condiciones de vida calamitosas y hablaron de casos de abuso verbal, físico e incluso sexual” (Borges, 2020). “¿Espárragos por encima de la dignidad humana?”, se pregunta irónicamente una pancarta colgada en el balcón de una vivienda en el centro de Berlín (Jerez, 2020), una denuncia frente a las condiciones de explotación laboral que sufren “temporeros extranjeros” y que a todas luces antecede al actual contexto de pandemia.

En América Latina, la situación generalizada de condiciones de precariedad laboral de las personas asociadas a actividades agrícolas se ha convertido en uno de los grandes problemas y un factor adicional de propagación del coronavirus de las urbes al campo, y viceversa. “(…) Huyeron de la pobreza a las urbes, y el coronavirus los expulsa de regreso al campo. Pero poco ha cambiado: allí la pobreza es endémica. Se suman el riesgo de contagio, el olvido estatal y la pérdida de sus productos” (Ospina-Valencia, 2020).

Costa Rica, por su parte, no escapa de esta realidad. “Las investigaciones científicas sobre migración laboral, tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas (…) con la agricultura de monocultivos (…). Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias” (Contreras, 2020). El brote epidémico desarrollado en la Zona Norte del país durante la primera fase de la pandemia, expresa una relación directa entre la explotación laboral migrante[5] –propia de la servidumbre y los enclaves productivos–, las ganancias privadas, y la omisión y permisividad estatal e institucional durante décadas. En relación con este último aspecto, es importante señalar que desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos[6] que establecen disposiciones transitorias de prohibición del cobro de multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país, tal y como lo establece la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) en su artículo N°. 177, siendo las cámaras empresariales y agroexportadoras las beneficiadas, basta con recordar que la presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), Laura Bonilla Coto, es la cabeza de las dos empresas a las que el Ministerio de Salud les ordenó un cierre temporal sanitario en la Zona Norte, luego de que se confirmaran 20 casos positivos por la enfermedad, asociados a personas trabajadoras de estas empresas. Al mismo tiempo que el pasado 24 de junio, “el Ministerio de Salud emitió la lista actualizada y rectificada de 23 empresas clausuradas como parte del operativo desarrollado en la Zona Norte” (Marín, 2020) los cierres se asocian a la ausencia de permisos de funcionamiento, al incumplimiento de medidas sanitarias y a la identificación de casos positivos de covid-19. Ahora bien, poco se ha dicho del cierre de empresas por la violación de la legislación laboral, y las ausentes inspecciones laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el contexto prepandemia ¿Cuáles de estas empresas habían sido intervenidas?

[1] “Según el Departamento de Agricultura, aproximadamente la mitad de todos los cultivadores en Estados Unidos, más de 1 millón, están en el país ilegalmente. Los productores y los contratistas laborales estiman que la proporción se acerca al 75 por ciento” (Jordan, 2020).

[2] Se cruzan igualmente otra serie de posibles delitos tales como el trafico ilícito de personas migrantes y la trata de personas.

[3] El último de ellos fue decretado el pasado 15 de junio, misma fecha en que el anterior, 41908-MGP-MTSS-MAG, perdía vigencia.

[4] Concepto acuñado por el sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss para referirse a aquellos fenómenos que involucra a la totalidad de la sociedad y de sus instituciones.

[5] En la memoria reciente basta con nombrar la gripe H1N1 de 2010, y la crisis del ébola en 2015 con brotes epidemiológicos aún no controlados por completo en el continente africano.

[6] Para el caso costarricense, y de acuerdo con un estudio conjunto de 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el aporte de la población migrante equivale a un 12% del PIB.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.