Autora:
Amalia Amador Fournier

Imagen tomada de El País, España

Desde hace más de un lustro, han aumentado las solicitudes de refugio en el país: en el 2014 hubo 1 384, para el 2019 se contabilizaron 39 423, y en seis meses del 2020 han habido 10 972. No es secreto que la crisis suscitada en Nicaragua en abril de 2018 generó ese aumento exponencial en las solicitudes de refugio, lo que implicó que se crearan varias políticas para atender la situación humanitaria.

*Hasta junio de 2020

Fuente: datos de la Unidad de Planificación de la Dirección General de Migración y Extranjería, 2020.

Desde antes de 2018, Costa Rica tenía un marco normativo de derechos humanos amplio, con el que se mostraba comprometida para proteger los derechos de las personas solicitantes de refugio, aspecto que la CIDH reconoció en su Informe sobre Migración Forzada de Población Nicaragüense. Incluso, en algunos casos, como en la Ley General de Migración, se va más allá de las convenciones internacionales, pues incluye el reconocimiento de la condición de refugio por persecución por género.

Con la crisis de 2018, se firmaron convenios con ACNUR para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de la atención para las personas que llegaron a solicitar refugio al país. Igualmente, en diciembre del 2019, se firmó un convenio con la CCSS por medio del cual ACNUR aseguró a unas 6 mil personas solicitantes de refugio/refugiadas de diferentes nacionalidades durante un año. Además, se establecieron diversas estrategias para agilizar la tramitología, mejorar la atención e integrar a la población solicitante de refugio.

Sin embargo, a pesar de lo bien intencionadas que se perciban estas legislaciones, quedan cortas en la práctica. Por ejemplo, en casos como los de la directriz 45-08-2018 del MEP, se “insta” de manera superficial a los centros de educación superior a integrar a dicha población, sin acciones pertinentes como estrategias para la homologación de títulos, o realizar exámenes de ubicación para cuando no se puede acceder al registro de notas.

Las directrices entorno al acceso de la salud no se cumplen a cabalidad; en algunos casos se niega el acceso a la salud a las mujeres embarazadas y a personas en caso de emergencia, e incluso con el seguro financiado por ACNUR. Este seguro, además, ha tenido un uso restringido por causa de la pandemia.

Por otra parte, las personas solicitantes de refugio llegan al país con recursos limitados y deben pasar, al menos tres meses sin efectuar una actividad económica (formal) que les permita sustentarse, pues el permiso de trabajo se entrega hasta cumplir con ese periodo. Y, en todo caso, a pesar de ser un documento emitido por el Estado costarricense, no suele ser reconocido por los patronos o empleadores y es un documento cuestionado por gran parte de la población, y eso afecta el acceso al trabajo y a servicios estatales.

Aunque el aumento de solicitudes de refugio coincidió con el periodo de mayor desocupación en el país, en todo caso no hay políticas pertinentes para facilitar el acceso al empleo de esta población. Por ejemplo, los profesionales universitarios deben homologar sus títulos si quieren ejercer sus carreras respectivas para afiliarse a los colegios profesionales, sin que se entienda el problema que significa esto para personas que están huyendo por persecución del gobierno de su país.

Esto demuestra la rigidez de las estructuras del estado en la práctica, y han empeorado con las medidas sanitarias para enfrentar el COVID-19, que han afectado a la mayoría, no obstante, es evidente que sus consecuencias más duras son para quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Para las personas solicitantes de refugio significó además de todo, la interrupción de sus entrevistas para acceder al refugio, alargando aún más sus procesos migratorios; también se deshabilitó la línea 1311 para hacer el trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugio, obligando a las personas a trasladarse a las oficinas que únicamente se encuentran abiertas en Peñas Blancas. Otra de las medidas contraproducentes son el aplazamiento de renovación de los carnés de solicitud de refugio y permiso de trabajo (aunque su vigencia está extendida hasta setiembre), que implica una limitación adicional para su reconocimiento.

Específicamente, las personas solicitantes de refugio nicaragüenses (y las personas migrantes nicaragüenses en general) deben, además, enfrentar xenofobia incitada desde el gobierno costarricense. Acciones como incluir “nacionales” y “extranjeros” en los casos diarios de infecciones -sin ninguna explicación sobre ese rubro-, comentarios sobre deseos de “tener un muro” en la frontera norte por ver como culpables de la “segunda ola de infección” a las personas migrantes nicaragüenses que trabajan en la zona norte,  así como la mención de  los “extranjeros” que viven en cuarterías que, aunque no se menciona su nacionalidad, en el imaginario costarricense se vincula inmediatamente con nicaragüenses.

Es indudable que hay limitación de recursos para atender una crisis de esta magnitud, pero esto no significa que se debe restringir la atención de manera humanitaria. De ahí la necesidad, entre otras, del trabajo en sensibilización de los funcionarios públicos -jerarcas y demás-, la eliminación de prácticas xenofóbicas a nivel institucional, la simplificación de procesos migratorios, además de brindar información accesible para esta población. Queda por plantearse si el compromiso de Costa Rica es solo en el papel para satisfacer los requisitos mínimos para recibir fondos de cooperación y mantener una imagen exterior pro Derechos Humanos, o es un compromiso real con las personas solicitantes de refugio y refugiadas.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.