Autora:
María Fernanda Hernández

La emergencia mundial por COVID-19 ha venido acompañada de una crisis económica que ha afectado a todos los sectores productivos, pero principalmente a los sectores de servicios, entretenimiento y comercio. Actividades económicas que requieren de altos grados de interacción social y que emplean, en gran medida, a personas jóvenes y mujeres.

En el contexto costarricense, las medidas restrictivas y de distanciamiento social han sido en definitiva necesarias para desacelerar los contagios. Sin embargo, las acciones de contingencia anunciadas para enfrentar el impacto económico de la pandemia no parecen responder a una estrategia clara, más bien se han limitado a un mantra ya conocido: contracción al gasto público, negociación de créditos con organismos internacionales, reformas al empleo público en detrimento de la clase trabajadora. Contrario a esto, las estrategias del sector empresarial sí tienen una agenda concertada con acciones de precarización laboral que impactan a las personas asalariadas del sector privado. Es esta población, junto a las personas trabajadoras que se encuentran en la mal llamada informalidad, quienes experimentan las consecuencias más graves de la crisis.

Pero, ¿cuál es el panorama de las oportunidades económicas para las mujeres jóvenes en medio de la pandemia en Costa Rica? Repasemos algunos datos. En mayo anterior, fueron publicados los resultados de la Encuesta Continua de Empleo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2020), que indican que la tasa de desempleo en Costa Rica creció un 1.2%, llegando a un 12.5%. La tasa de desempleo en hombres se reporta en un 8.6%, sin variación interanual; contrariamente, la tasa de desempleo en mujeres creció un 3.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un preocupante 18%. En cuanto a las cifras de subempleo, se calcula que un 12.4% de la población económicamente activa se encuentra en condición de subempleo, con un crecimiento interanual de 3.8%. Esta condición afecta a un 10.6% de los hombres, mientras que la afectación para las mujeres es de un 15.3%.  

Además, la Encuesta Nacional de Hogares 2019 (INEC, 2019) indica que un 41% del total de hogares del país tienen jefatura femenina y, poco más de un 31% cuentan con jefatura femenina sin pareja. La situación es apremiante, un 48,4% de los hogares en pobreza son monomarentales. La pandemia genera consecuencias específicas sobre las mujeres, profundizando las desigualdades de género tanto dentro como fuera de los hogares. Por ejemplo, las medidas de confinamiento han favorecido el aumento de los índices de violencia de género e infantil (lo que se ha llamado la pandemia de violencia dentro de la pandemia) [1].

¿Por qué es necesario reconocer el Trabajo Doméstico No Remunerado como un aporte a la economía?

Los datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo realizada en 2017, revelaron el uso diferenciado del tiempo entre mujeres y hombres, tanto dentro del mercado de trabajo como fuera de este (INEC, 2018). A partir de la información de esta encuesta, el Banco Central de Costa Rica ha realizado una estimación del valor económico del Trabajo Doméstico No Remunerado (TDNR), esto se conoce como “Cuenta satélite”. Los cálculos revelan el aporte económico del TDNR en un 25.3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivalió a 8,34 millones de millones de colones para 2017 y, 9,2 millones de millones de colones para el PIB del año 2019, siendo las mujeres quienes aportamos más del 70% de este valor (INAMU, 2019).

La estrategia de los martillazos ha desnudado la incapacidad gubernamental para dotar de perspectiva de género las políticas públicas. Dejar invisibilizado el TDNR como parte indispensable del funcionamiento de la economía, implica seguir ensanchando las cifras de informalidad económica y subempleo en la población de mujeres, cercenando sus posibilidades de acceso a seguro social, jubilación y crecimiento personal.

Oportunidades postcovid

Primero, es importante diferenciar el universo de mujeres jóvenes con base al menos en tres parámetros: el de clase, el territorial y, el étnico-cultural. La crisis económica afecta de manera diversa y, por tanto, requiere de políticas diferenciadas que incorporen la interseccionalidad de género para visibilizar las conjugaciones que generan distintas formas de opresión en un mismo grupo y aplicar respuestas adecuadas.

Urge generar estrategias que permitan la incorporación de mujeres jóvenes con baja calificación a empleos formales para detener la feminización de la pobreza. Las oportunidades laborales que surgen en la era postcovid, se encuentran particularmente vinculadas con la tecnología y los emprendimientos; para el aprovechamiento de estos, será necesaria la implementación de programas de formación que preparen a las mujeres jóvenes para la inclusión productiva. También es necesario universalizar la red de cuido para personas dependientes; continuar con los estímulos a empresas que contraten mujeres jóvenes y, mejorar las condiciones de financiamiento y formalización para estimular la participación de mujeres productoras y ampliar las posibilidades de un empleo y jubilación digna.

Ante todo, no debemos dejar pasar esta oportunidad para posicionar en la agenda pública la necesidad de reavivar el estado de bienestar que proteja a las instituciones públicas y genere políticas más humanas. Es un momento propicio para la realización de campañas informativas que sensibilicen a los hombres acerca del deber de corresponsabilidad y de participar activamente en las tareas domésticas. Que esta coyuntura sirva para promover cambios culturales dirigidos a la redistribución del TDNR, a revalorizar las tareas de cuidados y de reproducción del hogar.

Notas

1. Se ha desenmascarado, una vez más, el espacio del hogar como un lugar seguro. Según los datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, en lo que llevamos del año se han contabilizado 14.513 denuncias ingresadas en los Juzgados de Violencia Doméstica durante el primer trimestre de 2020, percibiéndose un aumento notable con respecto al mismo periodo del año anterior; además de 7 femicidios cometidos entre enero y julio del presente año. El mismo Observatorio solicita hacer lectura cautelosa de los datos de violencia de los meses que incluyen el periodo de confinamiento, pues se generará un subregistro de casos debido a la convivencia con el agresor y las limitaciones para denunciar.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.